Doce compromisos por la democratización y el avance social de Chile

7. Por la democratización de los medios de comunicación

Es necesario establecer una política de fomento del dialogo democrático, basado en fondos públicos, sistemas de donaciones y subsidios al crédito para el establecimiento de medios de comunicación sin fines de lucro que permitan que la totalidad de los sectores políticos del país dispongan de medios de comunicación. También se debe crear, a partir de Televisión Nacional de Chile, un Canal Público para asegurar un instrumento público de libre acceso, con contenidos culturales y artísticos que otorgue espacios a todas las formas de pensar y con financiamiento que asegure su funcionamiento. Coincidimos en que una forma para ofrecer mejor programación y de garantizar la diversidad de contenidos y visiones para todos los chilenos y chilenas, es asegurar un mínimo de 50% de producción nacional en su programación. Así también, se debe proveer por parte del Estado un número determinado de frecuencias radioeléctricas, para que organizaciones de base y/o estudiantiles de todo Chile presenten proyectos de radios locales legales y accedan a su implementación y financiamiento a través de los diferentes fondos concursables.

8. Por un país con más equidad y menos discriminación.

Debemos dar nuevos pasos para elevar las pensiones de los chilenos eliminando el efecto que tiene en las pensiones más bajas el descuento del 7% . Es necesario establecer una forma de financiamiento para el desarrollo del deporte en las escuelas públicas y en las poblaciones. Deben incrementarse los recursos destinados a las comunas más pobres. Coincidimos en la necesidad de continuar fortaleciendo el pilar solidario del sistema de pensiones. Requerimos legislar y establecer políticas públicas para eliminar las discriminaciones a los minusválidos. Es necesario colocar la calidad de vida de las familias más desposeídas y de clase media como centro de la preocupación de las políticas de defensa ante la delincuencia y la drogadicción. Finalmente hay que avanzar en la implementación del Convenio 169 de la OIT incluyendo la construcción de un Sistema de Consulta Institucionalizada, que contemple participación ciudadana y que recoja las experiencias de organismos internacionales. Fortaleceremos el marco regulatorio legal para enfrentar la corrupción, con medidas como la creación de una fiscalía electoral, que ejerza el control de gastos y el control de actor de intervención. Llevaremos a cabo en el breve plazo la descentralización del país y la necesaria reforma municipal.

9. Por mayor respecto a los derechos humanos.

Es necesario avanzar en derechos humanos a través del establecimiento de una adecuada institucionalidad de los temas asociados al respeto de todos los derechos humanos. Se debe anular la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura; ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y que aún no han sido aprobados por el Parlamento; establecer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; circunscribir la competencia de la justicia militar a situaciones de guerra y a delitos cometidos en acto de servicio por los uniformados; fomentar la enseñanza del respeto a los derechos humanos en los establecimientos educacionales del país; y de modificar la Ley Antiterrorista para que no tenga el potencial de pasar a llevar los derechos civiles de los ciudadanos en particular del pueblo Mapuche.

10. Por mayor respecto a las mujeres.

Hay que fomentar la participación política de las mujeres a través de la aprobación de la Ley de Cuotas que actualmente se tramita en el Congreso Nacional. Debe ser obligatorio que las empresas, especialmente a aquellas como las AFP, donde hay fondos de todos los chilenos, tengan a lo menos un tercio de mujeres en su directorio. Durante el próximo período presidencial se debe cumplir con el mismo criterio en todos los directorios públicos nombrados por el Presidente de la República. También debe ampliarse gradualmente el postnatal para llegar gradualmente a los seis meses y este derecho debe poder ser ejercido de manera compartida entre hombres y mujeres. Hay que fortalecer la fiscalización del correcto pago de las pensiones alimenticias de aquellos padres que viven sin sus hijos. Se debe establecer una política integral y multisectorial para combatir la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de la mujer que abarque prevención, protección, reparación y atención psicológica, incluyendo justicia eficaz y rehabilitación de víctimas y victimarios. Y tenemos que fortalecer las medidas preventivas respecto de las personas que están con impedimento de acercarse a sus familias o parejas, con el objeto de que no se cometan más femicidios. Finalmente, debemos eliminar las diferencias y discriminaciones que afectan a las mujeres en los planes de salud.

11. Por una país regionalmente integrado y una región en paz.

Chile debe profundizar su participación en las instituciones continentales, regionales y subregionales de integración, con un claro contenido democrático, y debe continuar desempeñando el rol articulador entre las distintas realidades y diseños políticos de nuestro continente. Es necesario fortalecer las nuevas instituciones subregionales y regionales, así como la convergencia entre los diferentes procesos subregionales, en especial UNASUR, y la construcción de un régimen sudamericano de paz y seguridad cooperativa.

12. Por una mayor protección frente a los abusos financieros.

Es necesario que el Banco Estado se concentre en el fomento productivo, particularmente hacia las pymes y los emprendedores populares, buscando igualar las tasas de interés a las que acceden estas empresas a las de las grandes empresas. Hay que establecer mayor regulación sobre el sector financiero para evitar los abusos en tasas y cobros del retail y supermercados a los consumidores. También es necesario impulsar la prohibición en todos los sectores económicos de los cambios unilaterales de contratos; hacer una reforma profunda para fortalecer el SERNAC, para extender su acción hacia el área financiera e incrementar su presencia en regiones; y fomentar mayores niveles de competencia en el mercado crediticio por la vía de la estandarización regulada de productos.

Doce compromisos por la democratización y el avance social de Chile

1. Por una Nueva Constitución Política del Estado

Constatamos que las fuerzas de centro e izquierda, han planteado la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Unos han propuesto que esto se haga mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente, otros por mecanismos ratificados por la soberanía popular y otros mediante un proceso de diálogo social. El sistema quórum calificado es un impedimento para ello, no obstante, nos parece pertinente que nuestra voluntad política se exprese en que aspiramos a que la nueva constitución tenga los siguientes contenidos: garantías sobre la proporcionalidad del sistema electoral que terminen con la exclusión generada por el sistema binominal; garantías sobre el derecho a voto de las chilenas y chilenos en el exterior; posibilidad de los dirigentes sindicales de ser candidatos al parlamento; reformas al Tribunal Constitucional para evitar que este ejerza un carácter co-legislador indebido; mayores facultades de iniciativa parlamentaria de ley; límites al concepto de Estado subsidiario para que no sea una barrera a la política de desarrollo productivo; reestablecimiento del derecho del sector público sobre la constitución de empresas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional; reconocimiento del carácter plurinacional y multicultural del Estado de Chile.

2. Por un CODELCO fuerte y de todos los chilenos

Creemos necesario que Codelco mantenga su propiedad 100% en manos del Estado, asegurando de este modo, el rol fundamental de esta gran empresa en el financiamiento de la inversión social en salud, educación, vivienda y seguridad social. Pensamos que se debe fortalecer una gestión de excelencia que asegure su eficiencia, competitividad y sustentabilidad económica y ambiental. Sostenemos que debe fortalecerse la Alianza Estratégica entre los trabajadores y la empresa y de garantizar el pleno cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social para los trabajadores contratistas. Entre las fuerzas progresistas se ha planteado la posibilidad de incrementar la recaudación pública de la riqueza producida por la explotación del cobre. esta es una discusión importante que debe ser abordada con responsabilidad, considerando todos los aspectos técnicos y políticos involucrados. Por ello, nos comprometemos a estudiar la factibilidad y la eficacia recaudatoria de una reforma al royalty de la minería.

3. Por una educación pública de calidad garantizada para todos

Creemos que es indispensable fortalecer la educación pública escolar. Es un imperativo para el desarrollo de Chile, pero también para su avance democrático. Es importante que las reformas que se hagan mejoren la calidad de la educación, pero concordamos que este proceso de reforma debe hacerse escuchando la voz de los estudiantes, padres y profesores, en particular del Colegio de Profesores. Coincidimos en que la educación municipalizada en su estado actual no da para más si no se toman medidas de fondo con un papel más fuerte del Estado, por ende, concordamos avanzar en esa dirección. Es el único modo de igualar las oportunidades entre los que tienen y los que no tienen como pagar sus estudios. Concordamos en la necesidad de establecer un nuevo trato con las instituciones de educación superior estatales; y coincidimos en que este proceso debe hacerse considerando la opinión de la comunidad universitaria y de los rectores de las universidades. Concordamos impulsar, a partir de las universidades del Estado, la creación de una red de centros de formación técnica de carácter público. Y coincidimos en la necesidad de transformar el actual sistema de capacitación en un Sistema de Educación Integrada para los Trabajadores.

4. Por un mejoramiento de la atención en el sistema de salud pública

Tenemos que seguir incrementando la infraestructura hospitalaria y de la salud primaria. Concordamos en la necesidad y asumimos el compromiso de apoyar sostenidamente el incremento en los recursos de salud, hasta lograr una mejora sustantiva en el tratamiento de los pacientes que se atienden en el sistema público. Dichos recursos deben permitir una mejor dotación de especialistas, de equipamiento médico, infraestructura hospitalaria, de insumos y medicamentos. En lo inmediato es necesario contratar durante los cuatro años del gobierno próximo a 1.000 especialistas médicos para operar en los hospitales; crear 50 centros de excelencia clínica de nivel mundial, dotados de las más altas tecnologías en patologías que mayoritariamente no están incluidas en el Auge; igualar el acceso a ambulancias a través de la creación de una red complementaria de acceso universal; incrementar de manera sustantiva la disponibilidad de medicamentos en los consultorios para que las familias de los sectores más vulnerables no tengan que incurrir en mayores gastos para el cuidado de su salud.

5. Por la ampliación de los derechos de los trabajadores

Nos proponemos respaldar y empujar una agenda de reforma laboral como al propuesta por la Central Unitaria de Trabajadores. Es necesario fortalecer la negociación colectiva, la sindicalización, y el cumplimiento efectivo de la Ley de Subcontratación. También debemos impulsar relaciones laborales más equilibradas; lograr garantías más claras y efectivas a la libertad sindical, así como al derecho a organizarse y a la huelga; generar regulaciones que se hagan cargo de las nuevas realidades laborales como la subcontratación y el trabajo temporal, de las realidades del trabajador agrícola, del temporero y del trabajador subcontratado- Se requiere una puesta al día con los avances del derecho internacional del trabajo; un aumento en las sanciones al abuso patronal; una política de fortalecimiento de los sindicatos; un nuevo régimen de relaciones laborales para los empleados públicos que no discrimine entre trabajadores públicos ni en contra de ellos, pero en diálogo con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y todos los trabajadores del sector; una reforma para fortalecer la protección frente al despido; y el establecimiento del defensor laboral. Finalmente, existe la necesidad de fomentar una política salarial que establezca como objetivo el salario ético para todas y todos los chilenos.

6. Por una recuperación del carácter nacional del agua

El agua es de importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país y reconocemos las profundas inequidades que se han generado en torno a su acceso y disponibilidad. Reconocemos que el carácter nacional de uso público del agua no se encuentra adecuadamente garantizado en la institucionalidad actual. Por eso se hace necesario elevar a rango constitucional la disposición del Código de Civil que dispone que todas las aguas son bienes nacionales de uso público; disponer que la ley establecerá el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas; reconocer la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, cuando así lo exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental; y establecer un sistema de compensaciones hídricas, que significa que todo proyecto que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental que demande agua, debe compensarlo o mitigarlo.