7. Por la democratización de los medios de comunicación
Es necesario establecer una política de fomento del dialogo democrático, basado en fondos públicos, sistemas de donaciones y subsidios al crédito para el establecimiento de medios de comunicación sin fines de lucro que permitan que la totalidad de los sectores políticos del país dispongan de medios de comunicación. También se debe crear, a partir de Televisión Nacional de Chile, un Canal Público para asegurar un instrumento público de libre acceso, con contenidos culturales y artísticos que otorgue espacios a todas las formas de pensar y con financiamiento que asegure su funcionamiento. Coincidimos en que una forma para ofrecer mejor programación y de garantizar la diversidad de contenidos y visiones para todos los chilenos y chilenas, es asegurar un mínimo de 50% de producción nacional en su programación. Así también, se debe proveer por parte del Estado un número determinado de frecuencias radioeléctricas, para que organizaciones de base y/o estudiantiles de todo Chile presenten proyectos de radios locales legales y accedan a su implementación y financiamiento a través de los diferentes fondos concursables.
8. Por un país con más equidad y menos discriminación.
Debemos dar nuevos pasos para elevar las pensiones de los chilenos eliminando el efecto que tiene en las pensiones más bajas el descuento del 7% . Es necesario establecer una forma de financiamiento para el desarrollo del deporte en las escuelas públicas y en las poblaciones. Deben incrementarse los recursos destinados a las comunas más pobres. Coincidimos en la necesidad de continuar fortaleciendo el pilar solidario del sistema de pensiones. Requerimos legislar y establecer políticas públicas para eliminar las discriminaciones a los minusválidos. Es necesario colocar la calidad de vida de las familias más desposeídas y de clase media como centro de la preocupación de las políticas de defensa ante la delincuencia y la drogadicción. Finalmente hay que avanzar en la implementación del Convenio 169 de la OIT incluyendo la construcción de un Sistema de Consulta Institucionalizada, que contemple participación ciudadana y que recoja las experiencias de organismos internacionales. Fortaleceremos el marco regulatorio legal para enfrentar la corrupción, con medidas como la creación de una fiscalía electoral, que ejerza el control de gastos y el control de actor de intervención. Llevaremos a cabo en el breve plazo la descentralización del país y la necesaria reforma municipal.
9. Por mayor respecto a los derechos humanos.
Es necesario avanzar en derechos humanos a través del establecimiento de una adecuada institucionalidad de los temas asociados al respeto de todos los derechos humanos. Se debe anular la Ley de Amnistía impuesta por la dictadura; ratificar todos los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y que aún no han sido aprobados por el Parlamento; establecer la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad; circunscribir la competencia de la justicia militar a situaciones de guerra y a delitos cometidos en acto de servicio por los uniformados; fomentar la enseñanza del respeto a los derechos humanos en los establecimientos educacionales del país; y de modificar la Ley Antiterrorista para que no tenga el potencial de pasar a llevar los derechos civiles de los ciudadanos en particular del pueblo Mapuche.
10. Por mayor respecto a las mujeres.
Hay que fomentar la participación política de las mujeres a través de la aprobación de la Ley de Cuotas que actualmente se tramita en el Congreso Nacional. Debe ser obligatorio que las empresas, especialmente a aquellas como las AFP, donde hay fondos de todos los chilenos, tengan a lo menos un tercio de mujeres en su directorio. Durante el próximo período presidencial se debe cumplir con el mismo criterio en todos los directorios públicos nombrados por el Presidente de la República. También debe ampliarse gradualmente el postnatal para llegar gradualmente a los seis meses y este derecho debe poder ser ejercido de manera compartida entre hombres y mujeres. Hay que fortalecer la fiscalización del correcto pago de las pensiones alimenticias de aquellos padres que viven sin sus hijos. Se debe establecer una política integral y multisectorial para combatir la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de la mujer que abarque prevención, protección, reparación y atención psicológica, incluyendo justicia eficaz y rehabilitación de víctimas y victimarios. Y tenemos que fortalecer las medidas preventivas respecto de las personas que están con impedimento de acercarse a sus familias o parejas, con el objeto de que no se cometan más femicidios. Finalmente, debemos eliminar las diferencias y discriminaciones que afectan a las mujeres en los planes de salud.
11. Por una país regionalmente integrado y una región en paz.
Chile debe profundizar su participación en las instituciones continentales, regionales y subregionales de integración, con un claro contenido democrático, y debe continuar desempeñando el rol articulador entre las distintas realidades y diseños políticos de nuestro continente. Es necesario fortalecer las nuevas instituciones subregionales y regionales, así como la convergencia entre los diferentes procesos subregionales, en especial UNASUR, y la construcción de un régimen sudamericano de paz y seguridad cooperativa.
12. Por una mayor protección frente a los abusos financieros.
Es necesario que el Banco Estado se concentre en el fomento productivo, particularmente hacia las pymes y los emprendedores populares, buscando igualar las tasas de interés a las que acceden estas empresas a las de las grandes empresas. Hay que establecer mayor regulación sobre el sector financiero para evitar los abusos en tasas y cobros del retail y supermercados a los consumidores. También es necesario impulsar la prohibición en todos los sectores económicos de los cambios unilaterales de contratos; hacer una reforma profunda para fortalecer el SERNAC, para extender su acción hacia el área financiera e incrementar su presencia en regiones; y fomentar mayores niveles de competencia en el mercado crediticio por la vía de la estandarización regulada de productos.
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